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El financiamiento ilegal de la política enfrenta al SII con el Ministerio Público. A la falta de acciones judiciales contra Giorgio Martelli y otros políticos por parte del SII, se sumó la no entrega a la Fiscalía de los documentos que avalan la rectificación tributaria del Grupo Angelini: al menos seis de sus empresas financiaron a políticos oficialistas y de oposición (Celco, Copec y Corpesca, entre otras). La investigación se paralizó. Ahora, la información finalmente llegó a los fiscales. La actitud del nuevo director del SII será clave para una indagatoria que muchos quieren asfixiar.
Un pendrive que puede convertirse en la pieza clave para que el Ministerio Público avance en la investigación de las platas que el Grupo Angelini entregó para financiar ilegalmente a políticos, llegó finalmente a manos de los fiscales la semana pasada. Su remitente: el Servicio de Impuestos Internos (SII), organismo que dilató durante meses la entrega de esa información, indispensable para pedir la formalización de los imputados en tribunales. El pendrive contiene la documentación contable entregada al SII por los ejecutivos del grupo, y que avaló la rectificación tributaria con la que reconocieron haber hecho pagos irregulares.
Los antecedentes que manejan los fiscales indican que al menos seis empresas del Grupo Angelini –Empresas CopecCopec Combustibles, Celulosa Arauco y Constitución (Celco), Seguros Cruz del Sur (ahora de propiedad de Security), Inversiones Siemel y Corpesca- encubrieron el financiamiento de políticos mediante el pago de boletas y facturas por asesorías que nunca fueron realizadas, disminuyendo además los impuestos que ese conglomerado debió pagar al Estado. El mismo modus operandi ya detectado en la contabilidad de empresas del Grupo Penta y deSoquimich.
Los documentos almacenados en formato digital que requería la Fiscalía estaban desde hace meses en manos del SII –al menos desde comienzos de mayo- y pese a la insistencia de los fiscales, no habían sido proporcionados al Ministerio Público. Los documentos contables solicitados corresponden a los antecedentes que las mismas empresas del Grupo Angelini entregaron al SII al rectificar sus declaraciones de impuestos, debido a que originalmente habían incorporado pagos que no correspondían. Tras presentar esas rectificaciones, las empresas del grupo procedieron a cancelar los tributos que adeudaban, más multas e intereses.
Giorgio Martelli
Giorgio Martelli
La Fiscalía quería acceder a los antecedentes contenidos en las rectificaciones para determinar cuántas de las operaciones corregidas por el Grupo Angelini corresponden al pago de servicios que jamás se prestaron y que podrían enmascarar aportes a políticos u otras fórmulas de evasión tributaria. Por esta misma vía -los detalles de una rectificación de impuestos- el Ministerio Público pudo acreditar, por ejemplo, que la empresaSQM Salar había hecho aportes de más de $200 millones a la consultora Asesorías y Negocios (AyN), de Giorgio Martelli, que se usaron para financiar la precampaña de Michelle Bachelet.
El monto pagado por el Grupo Angelini por los tributos adeudados habría sido de $850 millones, según publicó revista Qué Pasa el 18 de junio, artículo en el que se asevera que la rectificación se materializó los días 7 y 8 de mayo y correspondió a Empresas CopecCopec Combustibles y Celulosa Arauco y Constitución (Celco). Las facturas y boletas rectificadas sumarían $1.500 millones entre los años 2012 y 2014 (ver artículo de revista Qué Pasa: “El cheque que el grupo Angelini pagó al SII”).
CIPER pudo establecer que al menos a comienzos de julio el Ministerio Público ya había oficiado al SII para que se le informara el detalle de la rectificación. Pero la respuesta entregada fue parcial e insuficiente, sin precisiones útiles para la investigación. Las posteriores insistencias de los fiscales se estrellaron con el silencio de Impuestos Internos. Por ello, en la primera semana de agosto, se despachó otro oficio al SII, solicitando que hiciera llegar la información contenida en el pendrive, petición que recién ahora fue respondida. Resta por saber si el SII entregó toda la información solicitada o si nuevamente el pendrive contiene solo una parte.
Los fiscales también oficiaron al Grupo Angelini para que entregara la misma información, pero no obtuvieron respuesta. La indagación de CIPER pudo establecer que, a diferencia de los directivos de Soquimich, los responsables del Grupo Angelini no han informado a qué corresponden los gastos rectificados, un antecedente clave para establecer con precisión los eventuales delitos tributarios involucrados.
Uno de los hitos que ha marcado el conflicto entre el Ministerio Público y el SII por la postergación de la entrega de estos documentos, fue la reunión que el martes 11 de agosto sostuvo el fiscal nacional Sabas Chahuán con el -hasta ese día- director subrogante de Impuestos Internos, Juan Rojas Barranti. En la cita, el titular del Ministerio Público expresó su preocupación por la lentitud del SII en la entrega de información a la Fiscalía y en su accionar ante los tribunales no sólo en el caso del Grupo Angelini. La respuesta de Rojas Barranti fue que el SII estaba actuando con estricto apego a la legalidad.
Abogados querellantes en las investigaciones por los ilícitos de Penta y SQM consideran que Rojas actuó como un defensor de la llamada “Tesis Escobar” (impulsada por el ex director del SII Ricardo Escobar, hoy socio del abogado Jorge Bofill, cuyo estudio defiende a Julio Ponce Lerou, entre otros imputados en las indagatorias a Penta y SQM). Escobar ha sostenido públicamente que no hay delito tributario en el pago de asesorías que nunca se realizaron y que se trata de un error que debe subsanarse administrativamente mediante la rectificación de las declaraciones de impuestos. Con esto, quedan fuera de la persecución judicial las boletas y facturas falsas que se utilizaron para financiar ilegalmente a políticos y también para enmascarar los premios a ejecutivos, disminuyendo así la carga tributaria de las empresas.
Rojas Barranti reemplazó desde el 18 de mayo al 11 de agosto de este año al director del SIIMichel Jorratt, a quien se le pidió la renuncia al ser cuestionado por haber recibido pagos de la empresa AyN de Giorgio Martelli, quien ha reconocido ante los fiscales que SQM y empresas del Grupo Angelini le aportaron recursos. Una vez fuera del SII, Jorratt denunció haber recibido presiones del ministro del Interior de esos días, Rodrigo Peñailillo, a través de la jefa de gabinete del ministro de Hacienda de entonces, Alberto Arenas, para frenar la investigación a Soquimich.
Sabas Chahuán
Sabas Chahuán
Un tercer episodio en la fría relación entre el Ministerio Público y el SII fueron las declaraciones públicas del jueves 13 de agosto del fiscal nacional Sabas Chahuán. Tras calificar su reunión con el saliente director del SII como “de colaboración y coordinación”, Chahuán reveló que le solicitó que Impuestos Internos presente querellas o denuncias en unos cuatro o cinco casos -que no quiso nombrar- para que la Fiscalía pueda avanzar en las investigaciones, ya que por ley el SII tiene el privilegio exclusivo de perseguir los delitos tributarios.
A pesar de que el SII no presentó nuevas denuncias o querellas, el Ministerio Público decidió solicitar audiencia para formalizar a Giorgio Martelli como representante legal de AyN (solo está querellado como persona natural), lo que abriría la vía judicial para investigar toda la precampaña de Michelle Bachelet. Además de Martelli, la solicitud de formalización incluye al ex diputado Alejandro Sule (PR), quien recibió aportes ilegales de SQM; Patricio Contesse, ex gerente general de SQM y Roberto Guzmán Lyon, uno de los hombres de confianza de Ponce Lerou (ver reportaje de CIPER). La solicitud de audiencia se materializará en estos días y a ella podrían agregarse otras personas vinculadas a políticos oficialistas.
La actitud que asuma ahora Impuestos Internos dependerá de su recién nombrado director, el ingeniero civil Fernando Barraza Luengo, quien fue subdirector de informática del SII hasta 2009 y que ahora se desempeñaba como gerente de procesos de CORFO. Barraza tendrá que hacer equilibrio entre dos delicadas misiones. La primera, poner en marcha al SII bajo las nuevas normas de la reforma tributaria y alcanzar la recaudación prevista para financiar la reforma educacional y otros objetivos programáticos del gobierno. La segunda, definir cómo va a colaborar el SII con la Fiscalía en las investigaciones por delitos tributarios asociados a financiamiento ilegal de la política.
En esta segunda misión, Fernando Barraza se topará al menos con un nombre conocido dentro de los investigados por el Ministerio Público y por el propio SII: el abogado Raúl Arrieta Cortés, quien ha recibido pagos de Corpesca, la pesquera del Grupo Angelini que es investigada por cohecho y lavado de activos.
El nuevo director de Impuestos Internos comparte asiento con el abogado Arrieta en el Consejo delInstituto Nacional de Normalización, que preside la subsecretaria de Economía, Katia Trusich.  Raúl Arrieta fue, además, asesor de Katia Trusich en la subsecretaría hasta mayo de este año. También ha sido asesor legislativo del senador Felipe Harboe (PPD), esposo de la subsecretaria Trusich. Su sociedad Asesorías e Inversiones Arrieta facturó $12 millones a Corpesca en 2012. Ese pago habría sido incluido en una rectificación tributaria ingresada por Corpesca al SII y Arrieta fue citado a declarar ante el Departamento de Delitos Tributarios de Impuestos Internos, según informó una nota de El Mercurio.

LOS APORTES SOSPECHOSOS

El grupo Angelini fue generoso con Asesorías y Negocios SpA, la empresa creada en 2011 por el geógrafo y ex militante PPD, Giorgio Martelli, para financiar a Rodrigo Peñailillo y al equipo de profesionales que bajo su conducción operó para preparar el lanzamiento de la campaña presidencial de Michelle Bachelet.
Rodrigo Peñailillo
Rodrigo Peñailillo
Empresas Copec S.A., Celulosa Arauco y Constitución (Celco), y Seguros Cruz del Sur -esta última cuando aún no había sido vendida al grupo Security- aportaron $218 millones a AyN entre el 16 de enero de 2012 y el 22 de marzo de 2013, para lo cual compraron a la sociedad de Martelli supuestas  “asesorías profesionales” que pagaron contra 13 facturas extendidas por AyN.
La primera alerta sobre los aportes irregulares del Grupo Angelini a la precampaña de Bachelet se conoció el 9 de mayo por una publicación de The Clinic, que reveló los pagos a AyN. El 12 de mayo los fiscales que investigaban a Soquimich pidieron la contabilidad a la empresa de Martelli y el 19 de mayo la PDI retiró esos antecedentes, entre los cuales aparecieron las facturas emitidas por Asesorías y Negocios a las empresas de Angelini: cuatro para Copec S.A. (por $57 millones), ocho para Celco ($151 millones) y una para Cruz del Sur ($10 millones). En total, $218 millones aportados a AyN por el Grupo Angelini, según el informe Nº 2266 de la PDI a la Fiscalía Nacional, fechado el 20 de mayo pasado.
Sin embargo, la millonaria suma sería apenas la punta del iceberg de los dineros que el grupo Angelini destinó a políticos.
Otra de sus empresas, Corpesca, entregó platas al senador Jaime Orpis (UDI) y a un asesor de la ex diputada Marta Isasi (Independiente de derecha), ilícitos que son investigados -cohecho y lavado de activos-, ya que se presume que a través de esos aportes se perseguía el apoyo de los parlamentarios para beneficiar a la empresa en la discusión de la nueva Ley de Pesca, aprobada durante el gobierno de Sebastián Piñera y bajo la gestión de Pablo Longueira (UDI) como ministro de Economía.
El asesor de la ex diputada Isasi, Georgio Carrillo, recibió $25 millones y el senador Orpis, $235 millones, entre 2009 y 2013.