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Las dos asociaciones de funcionarios del SII presionan al director subrogante, Juan Alberto Rojas, acusándolo de falta de proactividad en las causas penales relacionadas con el financiamiento político ilegal. La negativa de una jueza a formalizar al dirigente RN Claudio Eguiluz porque no había querella del SII, atizó las críticas. Si bien este jueves el servicio finalmente se querelló contra Eguiluz, no incorporó todos los ilícitos que le imputa la Fiscalía y dejó fuera gran parte de los pagos con boletas falsas que él y sus cercanos recibieron de SQM.
El martes 28 de julio fue un día negro para el Ministerio Público: tras esperar durante meses que el Servicio de Impuestos Internos (SII) se querellara contra quienes emitieron boletas por servicios no prestados a Soquimich (SQM), se topó con una jueza que estimó que sin querella no se puede formalizar a alguien por delitos tributarios y suspendió la audiencia. Debido a ello, el consejero regional del Bío Bío, Claudio Eguiluz (RN), no pudo ser formalizado por las boletas falsas que se le imputan, y tampoco por la acusación de apropiación indebida que le hace la Fiscalía.
En total, se investigan más de $460 millones que habrían sido pagados por SQM a Eguiluz de manera directa o a través de terceros. Sobre esos pagos, la gerencia de SQM informó al SII no tener respaldos contables.
Juan Alberto Rojas
Juan Alberto Rojas
Este episodio puso una fuerte presión sobre el director subrogante del SII, Juan Alberto Rojas Barranti, quien asumió en mayo pasado en reemplazo de Michel Jorratt. Además de los cuestionamientos públicos que provocó la no presentación de la querella, ese mismo día los dos sindicados del organismo, la Asociación Nacional de Funcionarios de Impuestos Internos de Chile (ANEIICH) y la Asociación de Fiscalizadores de Impuestos Internos (AFIICH), le escribieron una carta a Rojas criticando el inmovilismo en que ha caído el organismo en materia de acción penal respecto de los ilícitos por los que está siendo investigada SQM. La misiva iba con copia a todos los funcionarios del organismo.
Este jueves 30, el SII finalmente se querelló contra Eguiluz, aunque por una parte mínima de los ilícitos que le imputa la Fiscalía: solo se le acusa por haber transgredido la Ley de Donaciones y no por haber emitido boletas falsas. Impuestos Internos atribuye a Eguiluz el haber ocultado “el traspaso gratuito de sumas de dinero desde la Sociedad Química y Minera de Chile S.A.” sin que hubiese existido una contraprestación efectiva de servicios que justificara esos traspasos. De esta forma, se habría burlado el impuesto que Eguiluz debía pagar por recibir una donación.
La querella no hace mención a las boletas emitidas por Eguiluz a SQM que la Fiscalía detectó. Tampoco le atribuye responsabilidad por las boletas falsas que otras personas cobraron a SQM, dinero que, como lo prueban los mismos testimonios que recoge la querella del SII, fue entregado a Eguiluz. En cambio, el SII imputa a otro militante RN, Christian Fuentes Castillo, por seis boletas falsas –cuatro de las cuales se las pidió a otras personas–, pues fue él quien las “facilitó” a SQM. Es importante puntualizar aquí, además, que como ha quedado demostrado el contacto con SQM lo tenía únicamente Eguiluz y no Fuentes. Si bien la querella no apunta a Eguiluz por ese delito, el hecho de que se acote que la acusación es “contra todos quienes resulten responsables”, abre la puerta para que la Fiscalía lo formalice por boletas falsas.

DURO CUESTIONAMIENTO EN EL SII

En la carta de los sindicatos del SII a Rojas, fechada el 28 de julio pasado, los dirigentes se quejan de que a dos meses de asumir, no ha cumplido su compromiso de darle continuidad a los criterios que durante la administración de Michel Jorratt el servicio había aplicado en materia de acción penal. En específico, los funcionarios recalcan la importancia de seguir cumpliendo un rol primordial en las “investigaciones penales de alta connotación pública, en curso, sobre delitos tributarios vinculados al financiamiento ilegal de la política”.
Michel Jorrat
Michel Jorrat
Jorrat fue removido de su cargo en mayo pasado, luego de que CIPER revelara las presiones que recibió del ex ministro del Interior Rodrigo Peñailillo a través de Andrea Palma, jefa de gabinete del ex ministro de Hacienda Alberto Arenas, justamente para paralizar las acciones penales del caso SQM (ver reportaje de CIPER: El detalle de las presiones de Peñailillo sobre el SII para impedir la investigación a SQM). Tanto Peñailillo como Jorratt habían recibido pagos a través de Asesorías y Negocios (AyN), la sociedad del geógrafo Giorgio Martelli que recibió millonarios aportes de SQM para financiar la precampaña electoral de Michelle Bachelet. En ese momento se retrasó una querella contra Martelli y hasta hoy el SII no ha iniciado acciones legales contra AyN.
Nos sentimos en la obligación de expresarle nuestra profunda preocupación ante lo que percibimos como ausencia de un accionar proactivo por parte del SII en los casos en investigación. Siempre hemos comprendido y defendido el rol técnico y autónomo que corresponde a nuestra institución en estas materias, así como el respeto de los tiempos que la revisión, fiscalización, y recopilación de antecedentes requieren para que el accionar penal del SII se ejerza con el profesionalismo y contundencia que caracteriza a nuestro servicio. Sin embargo, resulta insoslayable que en diversas aristas de los casos en investigación se han ejercido las acciones correspondientes, sin que hasta la fecha se hayan tomado definiciones respecto de las denuncias o querellas penales correspondientes”, reclaman los funcionarios.
La parte más dura de la carta se refiere a la percepción de que el SII está aplicando la doctrina promovida por el ex director del organismo Ricardo Escobar, quien a través de los medios de comunicación y de un memo que en su momento el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, hizo llegar a Jorratt, defiende la idea de que los pagos realizados a políticos a través de boletas por servicios inexistentes no constituyen ilícitos tributarios. Esta postura sostiene que basta con que los contribuyentes rectifiquen sus declaraciones tributarias y paguen lo adeudado.
Más allá del debate legal, el cuestionamiento a Escobar se basa en que su estudio representa a altos ejecutivos de Penta y al ex presidente de SQM, Julio Ponce Lerou, todos investigados por ilícitos tributarios. Dentro del SII, la gestión de Escobar (durante el gobierno de Ricardo Lagos) ha sido cuestionada por su laxitud en la persecución de los delitos tributarios, lo que queda reflejado en la misiva:
Nos parece alarmante la percepción que se ha asentado en la ciudadanía, en cuanto a que se habría consolidado en el accionar en el SII la mal llamada “Doctrina Escobar”. En primer lugar, porque no existe tal cosa como una doctrina académica sobre la materia, sino la vocería de los intereses particulares de aquellas grandes empresas que han incurrido en este tipo de prácticas ilícitas. Entendemos que la autonomía del SII en el ejercicio de sus facultades es un atributo que debe resguardar la captura de la administración tributaria respecto de esos intereses particulares. Pero sobre todo porque bien conocemos los/as funcionarios/as del SII el negativo impacto que tuvo, en el cumplimiento tributario y la lucha contra la evasión, la suplantación de la misión institucional del SII por este tipo de visiones”.
Entre los firmantes de la carta, están los presidentes de la AFIICH, Juan Apablaza, y de la ANEIICH, Carlos Insunza. Según supo CIPER, ambos dirigentes han pedido una reunión con Rojas durante varias semanas, la que tras la misiva fue agendada para el próximo lunes.

LOS MILLONES DE EGUILUZ

El ex vicepresidente de Renovación Nacional y actual consejero regional del Bío Bío, Claudio Eguiluz, recibió pagos de SQM por un total $160,2 millones. Esa suma está compuesta por las boletas que Eguiluz hizo como persona natural a SQM (por $112,5 millones), las facturas que su sociedad KTZ emitió a la misma empresa minera ($45 millones) y una boleta que él hizo para SQM Salar ($2,7 millones). Además, su nombre está estrechamente vinculado a otros siete contribuyentes que son investigados por haber presentado boletas falsas a SQM, por un total de $300 millones. En suma, en la investigación de la Fiscalía el nombre de Claudio Eguiluz está asociado a documentos tributarios bajo sospecha de ser falsos que totalizan $460,2 millones.
Aunque el nombre de Eguiluz comenzó a asociarse a SQM a mediados de marzo pasado, aterrizó formalmente en la carpeta de la Fiscalía el 2 de abril, cuando el SII presentó una denuncia al Ministerio Público contra tres ejecutivos de SQM (Patricio Contesse, Patricio de Solminihac y Ricardo Ramos) e incluyó una nómina de 173 contribuyentes, entre personas naturales y jurídicas, que habrían presentado boletas falsas a la minera controlada por Julio Ponce Lerou. En esta última nómina figuraba el nombre del dirigente de RN y cacique político de la Región del Bío Bío.
Claudio_Eguiluz
Claudio Eguiluz
Eguiluz se defendió públicamente señalando que efectivamente recibió dinero de SQM porque había prestado asesorías a esa empresa en materias agrícolas y de maquinarias. “Afortunadamente, no tiene nada que ver con campañas políticas”, dijo entonces a CIPER (ver reportaje La onda expansiva del caso SQM alcanza a Renovación Nacional en la Región del Biobío).  No obstante, poco después la investigación de la Fiscalía dio con una hebra que lo dejó en una posición muy compleja: tres funcionarias de la Junji del Bio Bío declararon que hicieron boletas para SQM a solicitud de Christian Fuentes Castillo, empleado de la misma repartición pública y militante de RN, y que el dinero se lo quedó Eguiluz.
El pasado 17 de abril, la funcionaria de la Junji Luisa del Carmen Figueroa Rebolledo admitió ante los fiscales que hizo dos boletas para SQM de $20 millones cada una, por trabajos que nunca prestó. Lo hizo, dijo, a petición de Fuentes Castillo y relató que fue junto a él y a Eguiluz a cobrar el pago de la boleta a una sucursal del Banco BCI. Fue Eguiluz, según declaró Luisa Figueroa, quien finalmente guardó el efectivo. Un relato similar entregaron otras dos funcionarias de la Junji: Ninfa Delfina Gatica Espinoza (quien hizo una boleta por $20 millones) y María Pilar Torres Machuca(una boleta por $20 millones).
“Christian Fuentes me fue a buscar a la oficina para ir al banco a que me pagaran la boleta. Fui junto a él al Banco BCI ubicado en O’Higgins con Lincoyán (Concepción). Ingresamos y pasamos por caja los tres con Christian y un sujeto alto, canoso, que estaba con un maletín. Luego supe que es Claudio Eguiluz. La cajera me pagó en efectivo y Claudio Eguiluz guardó el dinero en el maletín. Guardó los $18 millones, de ahí tomó el maletín y se fue al banco que está al frente, el Banco Santander”, declaró María Pilar Torres.
La Fiscalía también investiga otras boletas pagadas por SQM asociadas a Eguiluz. Entre ellas figuran las que emitió el ya mencionado funcionario de la Junji Christian Fuentes, por un total de $40 millones. Fuentes declaró ante el SII que prestó servicios a SQM y que nunca pidió boletas a otras personas.
En su querella, el SII responsabiliza a Fuentes –y no a Eguiluz– por sus propias boletas y las de las tres funcionarias de la Junji. Estos seis documentos, que suman $120 millones, fueron emitidos pese a que no hubo contraprestación, según la acusación del SII.
No obstante, la querella del organismo tributario no considera otras boletas pagadas por SQM a estrechos colaboradores de Eguiluz que han sido investigados por la Fiscalía, como el ex fiscalizador de la Junji, Jorge Daza Aránguiz ($60 millones), Daniel Esteban Gutiérrez Fariña (por $40 millones) y Alex Cañete Valenzuela ($80 millones).
El 30 de mayo se agregó un nuevo antecedente que vincula a Eguiluz con la empresa controlada por Ponce Lerou. Ese día una nota de El Mercurio informó que SQM Salar había hecho una rectificación de sus declaraciones de impuestos ante el SII, en la que admitió haber pagado boletas por trabajos que no tenían respaldo en la contabilidad de la empresa. Entre esos desembolsos no justificados figuraban $2,7 millones para Eguiluz. SQM Salar ingresó el 26 de mayo a la Tesorería General de la República el monto de estos impuestos adeudados.
El último nexo entre Eguiluz y SQM que ha ingresado a la carpeta investigativa de la Fiscalía son las facturas emitidas a la minera por la sociedad KTZ, en la que tiene participación el dirigente de RN. En total, suman $45 millones y fueron mencionadas en un informe emitido por la PDI el pasado miércoles 8 de julio.
De acuerdo a los antecedentes remitidos por SQM a la Fiscalía, Claudio Eguiluz, KTZ, Jorge Daza, Daniel Gutiérrez y Alex Cañete firmaron contratos con la empresa. Además, existe respaldo de un informe supuestamente realizado por Daza y Cañete, titulado “Historia y discusión acerca del régimen jurídico minero sobre nitratos y sales análogas en Chile”. Cañete, que es administrador público y ex funcionario de la Junji, dijo en marzo a CIPER que SQM le había encargado un estudio sobre costos de extracción minera en el Bío Bío, el que hizo en su condición de experto en investigación de mercados.
Este cúmulo de antecedentes no pudo ser presentado por la Fiscalía en la audiencia en la que se pretendía formalizar a Claudio Eguiluz este martes 28 de julio. La jueza Ema Tapia, del 8º Juzgado de Garantía de Santiago, no alcanzó a escuchar a los fiscales, pues acogió el reclamo de la defensa y declaró nula la audiencia, pues estimó que no se habían cumplido todos los requisitos procesales, debido a que no había una querella previa del SII contra Eguiluz. Con la acción judicial que dos días más tarde presentó el organismo, el futuro procesal de Eguiluz se ve difícil.