EL ROBO DE LA CONCERTACION : 1990 a 2008

EL ROBO DE LA CONCERTACION : 1990 a 2008

La concertación. 1990 a 2008 Informe de casos de corrupción.

Por DerechaTuitera

A pedido de nuestros seguidores de Twitter, les traemos un pequeño compilado o resumen de casos en los cuales se ha cuestionado a la concertación en torno a la utilización de fondos del Estado o bien en cuanto negociaciones incompatibles.

Agradecemos formalmente al Instituto Libertad por los datos que anualmente proporcionan sobre los índices de corrupción en Chile desde donde se extraen muchos de los datos aquí involucrados.

Para tomar en consideración:

Total de casos y de denuncias de Corrupción bajo los gobiernos de la Concertación (1990 – 2009)

Costo para el Estado de Chile:

Detalle de los Montos y el ámbito de la corrupción por año de Gobierno

Fuente: Instituto Libertad (Elaboración propia)

Interesante es analizar que justo en épocas de elecciones aumenta la distracción de fondos públicos.

Pasamos a enumerar los más emblemáticos casos ya que en su totalidad son 301 lo que hace complejo su inclusión en este “pequeño” resumen:

Gobierno de Patricio Aylwin Azocar

Año 1991
Institución: Oficina Nacional de Emergencia

Caso: Desvío de fondos de emergencia emanados del Gobierno para ir en ayuda de los damnificados por temporales y aluvión de la ciudad Antofagasta y por la erupción del Volcán Hudson, en Aysén.

Desarrollo: Los hechos se manifiestan de la siguiente manera. La Oficina Nacional de Emergencias desvía ayuda avaluada en cerca de $700 millones de pesos, según se constató en el proceso judicial, por los directivos de dicho organismo gubernamental.

Resultado: Recién en 1994, es decir, durante el Gobierno de Eduardo Frei, la Corte de Apelaciones acreditó y condenó por la comisión de estos hechos, solamente en razón de  $ 27 millones de pesos, dado que no se pudo comprobar la responsabilidad de los directivos en el saldo de dineros y ayuda extraviada. Por lo anterior, la Corte de Apelaciones condenó a 5 años de prisión al ex-director de la ONEMI, Sergio Navas, un independiente muy ligado a la DC. Se sancionaron también al ex Jefe de Adquisiciones Sergio Contreras, Patricio Navas, Sergio Yaksic, Jesús Mundaca y Juan Manuel Yáñez.
Ninguna autoridad política asumió su responsabilidad.

Institución: Servicio Médico Legal

Caso: Errónea identificación de cuerpos del Patio 29

Descripción: Entre 1991 y 1997 se identificaron a 96 personas -ejecutadas por motivos políticos- de un total de 126 cuerpos exhumados del Patio 29 del Cementerio General.
En marzo de 2005, tras la reapertura de la causa debido a las diversas denuncias de irregularidades y dudas, el ministro Sergio Muñoz exhumó 30 osamentas y de manera parcial otras 62, de ejecutados políticos del Patio 29, para practicarles nuevamente exámenes de ADN.  En 48 casos los resultados no coincidieron con la anterior identificación.
En abril de 2006, el director del SML, Óscar Vargas, pidió perdón a los familiares de las víctimas, ya que luego de los exámenes de ADN ordenados por el ministro Muñoz, se detectaron que en 48 de los 96 cuerpos identificados se había cometido “errores” en su identificación.
La abogada Pamela Pereira señaló a la prensa que el gobierno de Ricardo Lagos había realizado una auditoria interna para investigar las irregularidades en el SML y los aparentes negocios de su ex director Jorge Rodríguez.  Lo que fue confirmado por el ex subsecretario de la Presidencia, Gonzalo Martner (PS).
Los errores del patio 29 obligó al gobierno de Michelle Bachelet a tomar una serie de medidas para aclarar la situación.  Entre ellas, se creó un panel de expertos chilenos y extranjeros para revisar los procedimientos realizados por el SML

Resultado: En diciembre de 2006, los diputados aprobaron el informe de la comisión de Derechos Humanos sobre las irregularidades del Patio 29. En éste se responsabiliza al SML y a sus ex directores por la cadena de errores y negligencias cometidas en la identificación de los cuerpos.  Exculpando de sus responsabilidades políticas a los ex ministros de Justicia, Soledad Alvear y José Antonio Gómez –producto de  los votos de los diputados concertancionistas.
En enero de 2007, la Fiscalía de la Corte Suprema entregó su informe sobre los errores del Patio 29, en éste señala que “el proceso de identificación de los restos óseos es extremadamente complejo y su validez es la resultante de diversos factores como las condiciones en que fueron exhumados”.

Año 1992

Institución: Dirección General de Deportes y Recreación.

Caso: Durante 1992 se generó una gran polémica en torno a Digeder. Al realizarse algunos estudios y auditorias en dicha repartición se constató que la institución, dirigida en esos años por el militante de la Democracia Cristiana don Iván Navarro, tenía un déficit de 500 millones de pesos, que era el equivalente al 5% del presupuesto anual institucional para ese año. Fue tal descalabro que se encargó a Contraloría General de la República que auditara a profundidad el tema constatándose solamente un desajuste administrativo y mala toma de decisiones. Con todo, algunos diputados en los que se incluyeron varios de la Democracia Cristiana reclamaron al Gobierno de Patricio Aylwin de que dichos fondos habrían sido desviados para financiar campañas políticas del partido. A la larga el tema fue desvaneciéndose de la escena nacional no teniendo mayor investigación ni sanción hasta la fecha.  Esta denuncia será recordada como la primera en que se imputaba la existencia de desvío de fondos públicos hacia gastos de tipo electoral.

Resultado: Los diputados de la concertación rechazaron la creación de una comisión investigadora para establecer la responsabilidad en las irregularidades de la gestión de Ivan Navarro, también se negaron a extender la investigación a las otras coordinadoras regionales de Digeder.

Institución: Central de Abastecimiento del Ministerio de Salud

Caso: La Central de Abastecimiento del Ministerio de Salud realiza una compra de “sábanas chinas” por un monto de más de ocho mil millones de pesos.  Un informe de la Contraloría cuestionó el contrato con la empresa china Overseas Trading Corporation, ya que comprometía la adquisición de una cantidad de prendas 16 veces mayor a la que necesitaba los hospitales del país. Además el presupuesto de la Central de abastecimiento era anual, y se estaba adquiriendo material para más años.
También se cuestionó la compra de agujas, jeringas desechables y otros materiales médicos a la firma Borztzky, puesto que fueron comprados sin propuesta pública.  En la misma fecha son compradas agujas y jeringas marca Becton Dickinson, por propuesta pública y por una cantidad similar a la anterior.  En definitiva, se adquiere el doble de lo que se requiere y con calidades diferentes, lo que queda constatado cuando los hospitales comienzan a devolver lo comprado.
Los diputados de RN, Juan Antonio Pérez Muñoz y Gustavo Alessandri, presentaron una denuncia en el Consejo de Defensa del Estado contra de quienes resulten responsables de las irregularidades.

Resultado: En diciembre de 1992, el ministro de Salud de la época, Julio Montt, le solicitó la renuncia al cargo al director de la Central de Abastecimiento del Ministerio de salud.  En la prensa de la época, el ministro Montt aclaro que su la solicitud de denuncia no se relacionaba con el caso de las “sábanas chinas” sino con el propósito de reorganizar la repartición estatal.

Año 1993

Institución: Refinerías de Petróleos de Concón, (RPC)

Caso: En marzo de 1993 se produce una denuncia del diputado de Renovación Nacional Ramón Urrutia en los Tribunales de Justicia de Viña del Mar que trajo aparejada otra denuncia, la que demostraba que Refinería de Petróleos de Concón había pagado nada menos que $381 millones de pesos por labores de desmalezado de 320 hectáreas del recinto, encargadas a una empresa de propiedad de Francisco Zárate.  En años anteriores, este trabajo no había superado los $90 millones. La investigación realizada por la Jueza Beatriz Pedrals del Quinto Juzgado del Crimen de Viña del Mar comprobó el abuso y, además una serie de irregularidades, lo que culminó con el sometimiento a proceso de 6 personas, entre ellas Francisco Zárate y el ex Gerente General de RPC, Marcos Vásquez. La Corte de Apelaciones de Valparaíso en un fallo bastante criticado el día 24 de octubre de 1995 aceptó un recurso de protección interpuesto por los afectados que vino a anular  la decisión de la Jueza de Primera Instancia, y que permitió dos años más tarde que los cargos se rebajara a “Estafa Residual”.

Resultado: 8 directivos de la empresa expulsados, ningún detenido o reo. No se comprobó en ninguna etapa del proceso tampoco lo señalado por algunos de los requeridos de que los dineros desviados producto de este hecho se derivaban a financiar la campaña senatorial de un militante DC.
Personeros de Gobierno involucrados: Juan Hamilton, Hernán Pinto y Aldo Cornejo quienes negaron vinculación alguna con el hecho.

Institución: Instituto Nacional Previsional

Caso: Compra de computadores, aparentemente con montos y cantidades alteradas que involucraba un monto total de la transacción de $2.000.000.000.

Resultado: No existieron responsables ni denuncias de ningún tipo. Tampoco se investigó el caso.

Institución: Empresa Portuaria de Chile, Emporchi.

Caso: En julio de 1993, en Emporchi, se cometieron irregularidades en la administración por contratos en que se aplicaron tarifas de almacenajes ilegales con particulares para el acopio de mercaderías al interior del puerto, por 175 millones de pesos.

Resultado: A pesar de lo anterior ni siquiera hubo proceso judicial.  Sin embargo, el informe de la Contraloría dio a conocer los ilícitos producidos en esa repartición.  Entre éste se señaló  que funcionarios deEmporchi, habrían entregado a particulares, recintos dentro de los puertos de Valparaíso y San Antonio, para hacer acopio de carga, pero se utilizaban para almacenar mercancías de terceros, con tarifas más altas que las de un contrato normal.  La Contraloría recomendó sancionar a los funcionarios implicados con una rebaja en el 20% de sus remuneraciones mensuales.

Institución: Servicio Nacional de Aduanas

Caso: Internación fraudulenta de 75 automóviles con documentación falsa, subvaloración de automóviles de lujo, aproximadamente 700 vehículos involucrados.

Resultado: la folklorista, María Rosario “Charo” Cofré, fue acusada de falsificación de instrumento público, al utilizar documentación falsa e internar ilegalmente al país 75 automóviles.  En diciembre de 1996, fue detenida por su presunta implicancia en el fraude aduanero, sin embargo, que dejada en libertad por falta de méritos.

Institución: Empresa Metropolitana de Obras Sanitarias.

Caso: Se detectaron pagos indebidos en la comuna de Santiago por razónes que no se aclararon nunca. El monto involucrado ascendía a la suma de $1.500.000.000 de pesos.

Resultado: No se investigó ni denuncio el acto.

Gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle

Año 1994

Institución: Fuerza Aerea de Chile

Caso: Compra de una flota de 20 Mirage Elkan junto con otros 5 Mirage V no modernizados por parte de la FACH en la suma de U$ 109.000.000.

Desarrollo: Se estima que se pagaron en comisiones ilícitas por la compra de esta flota la suma de U$ 15.000.000.

Resultado: No existen resultados respecto a esta investigación, salvo la constatación de la existencia de pagos irregulares, como comisiones o coimas.

Institución: Empremar S.A

Caso: Se descubre una compra irregular de computadores, con montos y cantidades alterada, y fraude al fisco en la V Región.  Además, de la compra irregular de una motonave en Valparaíso.

También, se descubren irregularidades en la administración de fondos y en las operaciones por parte de los directores de la Empresa Marítima del Estado (Empremar), por un costo para el Fisco de 495 millones de pesos.

Resultado: Se decide el cierre definitivo de Empremar S.A.
En Enero de 2002 el ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Gonzalo Morales Herrera, condenó a primera instancia a tres de los cinco ejecutivos de la desaparecido naviera estatal Empreñar, en un juicio por fraude al Fisco, la investigación se inició en 1994, estimándose el perjuicio en casi 3 millones de dólares.
La principal condena fue para el ex gerente Patricio Vidal Walton, como autor de los reiterados de fraude al fisco cometidos en perjuicio de Empremar S.A. entre abril de 1991 a enero de 1994. Siendo condenado 6 años de presidio mayor en su grado mínimo y a una multa de $168.739.163.
Finalmente, en el año 2004, el ex gerente Patricio Vidal Walton;  el ex gerente de servicios especiales, Heriberto Guerra Gálvez;  y el broker Alexis Ramírez Amador, son condenados a penas remitidas de 541 y 300 días de presidio, por el delito de estafa, sanciones menores que las establecidas en primera instancia por fraude al fisco.

Institución: Empresa Nacional del Carbón – VIII Región.

Caso: Entre los años 1993 y 1994, se comprobaron negligencias en dineros mal invertidos con un  resultado  de  pérdidas  para  el  Estado  de  800  millones de pesos, además de narcotráfico.  Estas acciones venían realizándose desde 1992. Además, se denunciaron excesivos aumentos en las remuneraciones de 45 ejecutivos y la venta de activos a bajísimos precio.

Resultado: El informe de conclusiones de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, que Luciano Valle, ex Presidente del Directorio de Enacar Hugo Zapata, ex Gerente $ 800.000.000 presidió el DC Roberto León, se emitió en 1996 y no determinó responsabilidades políticas, ratificando el informe de la Contraloría en el sentido de que la gerencia de la empresa, a cargo de Hugo Zapata, actuó con negligencia administrativa. El informe de la comisión nunca fue votado por la sala;  mientras que el informe de la Contraloría fue cuestionado por el ex Presidente Patricio Aylwin.

Institución: Oficina Nacional de Retornos

Caso: Desvíos de dineros destinados a personas que regresaban a Chile desde el extranjero. Un convenio celebrado con el gobierno de Alemania otorgó un préstamo de diez millones de marcos alemanes a tasa anual de 2%, y en plazo de 30 años con diez de gracia, para fomentar la reinserción de exiliados chilenos en Alemania, que retornaran al país.

Desarrollo: El informe de la comisión investigadora de la Cámara, estableció como irregularidades:

- No haber sometido a la aprobación del Congreso el Convenio;
- El Banco del Estado habría otorgado créditos a no más de 8 años y con tasas significativamente superiores  al 2%;
- 9 millones de marcos no fueron utilizados según el convenio;
- El Banco del Estado decidió en forma arbitraria el traspaso de 4.5 millones de marcos a la Fundación de Asistencia del Retornado (FARET);
- Créditos por montos mayores al permitido;
- Omisión de experiencia laboral o profesional requerida para los proyectos;
- Imputación del costo de las asesorías a los beneficiarios.

Resultado: La Cámara de Diputados rechazó por 40 votos contra 21 el informe unánime de la comisión.
Institución: Ministerio de Educación

Caso: Aulas Tecnológicas

Desarrollo:  Se detectó una serie de irregularidades sobre el destino de US$4.700.000 del Mineduc. Dichos montos fueron utilizados en 1994, un poco antes de las elecciones parlamentarias. En esta fecha el Ministro de Educación a cargo de la cartera era Ricardo Lagos Escoabar. El Ministerio de Educación,  el que en el marco de las Aulas Tecnológicas, compro herramientas informáticas a un conocido empresario socialista español, amigo de Lagos, sin concursos ni licitaciones y pagando un sobreprecio.

Resultado: La Contraloría detectó una serie de irregularidades durante la compra, entre ellas destacan:
- No haber intervenido en ella el Ministerio de Educación, pese a que éste cuenta con una repartición para negociar adquisiciones, denominada “Equipamiento y Adquisiciones”;
- El comprador era una persona sin contrato con el ministerio pero que actuaba en las negociaciones a nombre del Ministro;
-  Se detectó falta de cotizaciones y la existencia de grandes diferencias de precios, entre los montos pagados por el Ministerio y los que regían en el mercado en los mismos productos.
Pocos meses después, la situación fue denunciada a la Cámara de Diputados, sin embargo, finalmente no prosperó.

Institución: Codelco

Caso: Durante el verano de 1994 se descubren pérdidas por cerca de US$ 217 millones 600 mil dólares, relacionadas con el operador de mercados a futuro  de  la  CORFO,  Juan  Pablo  Dávila.  El  ejecutivo venía realizando este tipo de operaciones desde fines de 1993 y ostentaba grandes cuentas de enriquecimiento personal como prueba de que se estaba frente a una organización especialmente coordinada para estos ilícitos.

Resultado: El escándalo tiene como consecuencia las renuncia de importantes figuras de la Concertación, como el vicepresidente ejecutivo de Codelco, Alejandro Noemi;  el vicepresidente de Comercialización de la Minera, Gonzalo Trivelli;  el gerente de Ventas, Owen Guerrini, y el subgerente de área, Carlos Derpsch.
Frente a la acusación constitucional contra los ministros de Minería y Hacienda, la  mayoría concertacionista bloqueó todo intento de la oposición.
El informe de la mayoría oficialista de la Cámara afirmó que las pérdidas tuvieron origen en decisión de Noemi, de iniciar operaciones de mercados de futuro, no autorizadas por el directorio;  Felipe Valenzuela (PS) refutó la transgresión por parte de Noemi, y el entonces diputado PPD Nelson Avila, no estuvo de acuerdo con que el directorio no era responsable.
En diciembre de 2006, la Segunda Sala de la Corte Suprema ratificó la condena contra Juan Pablo Dávila a tres años por fraude al fisco y dos penas de 800 días por delitos de negociación incompatible.

Institución: ESVAL (Empresa Sanitaria de Valparaíso)

Caso: Informes de una comisión investigadora de la Cámara de Diputados y de la Contraloría de Valparaíso demostraron -en septiembre de 1994- la existencia de una serie de irregularidades en las labores de construcción del colector Viña del Mar – Valparaíso encargadas a la Empresa Sanitaria de Valparaíso (ESVAL).  El proyecto cruadruplicó los valores iniciales, generando pérdidas por $13.500 millones.  Fue una denuncia realizada por los diputados Raúl Urrutia (RN) y Nelson Ávila (PPD).

Resultado: El informe de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, de septiembre de 1994, demostró la existencia de irregularidades y anomalías en la ejecución del proyecto. El informe de mayoría concertacionista exculpó a los Ministros de Estado y a los ejecutivos de Corfo, mientras que el informe de minoría de esta  Comisión Investigadora, responsabilizaba  políticamente a los ex vicepresidentes de Corfo, Rene Abeliuk y Felipe Sandoval, y al Gerente General de la esta Corporación, Eduardo Bitrán. La contraloría de Valparaíso en tanto, señaló como principales inculpados al ex gerente general, Manuel Llanos, y el ex gerente de ingeniería, Manuel Álvarez.

Año 1995

Institución: DIPRECA

Caso:  La  entonces  fiscal  de  la  Dirección de Previsión Social de Carabineros de Chile, Dora Silva, presenta una querella criminal por los delitos de fraude, exacción ilegal y estafa.  Las acusaciones involucran desfalcos por $150 millones por contratos no sometidos a licitación.

Resultado: A pesar de la evidencia de fraude, soborno, tráfico de influencias y pago de asesorías  irregulares por 150 millones de pesos, la Concertación impidió a toda costa que el informe de la Comisión Investigadora de la Cámara determinara las responsabilidades políticas.
Finalmente, el informe concluyó que DIPRECA efectivamente firmó contratos con Salco y Place Vendome, en los que se realizaron pagos ilegales.  Siendo el principal responsable el director Carlos Nazar. En 1996 Carlos Nazar, ex director de DIPRECA, Oscar Moreno, ex sub-director administrativo del Hospital de Carabineros y al comisionista Carlos Barrioas fueron sometidos a proceso como coautores del delito de “negociación incompatible”, por la Jueza Debora Lusic.
En 2001, Dora Silva y Carlos Nazar son sometidos a procesos por su presunta responsabilidad en el delito de negociación incompatible, desestimándose procesar por el mismo delito al ex subsecretario de Carabineros, Luciano Fouillioux.

Año 1997

Institución: CONADI (Corporación Nacional de Desarrollo Indígena)

Caso: Mauricio Huenchulaf, militante del PPD y primer director de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, tuvo que renunciar por el descubrimiento de sobrepagos de $120.000.000 en la compra de derechos de tierras y agua en la IX Región.

Resultado: La Cámara de Diputados formó en ese momento una comisión investigadora cuyo informe fue aprobado por unanimidad en 1999.  En él se establecía la existencia de numerosos hechos irregulares producto de un  pésimo manejo administrativo, además de la existencia de eventuales delitos, como la apropiación indebida y el mal uso de recursos públicos, falsificación
de instrumento público, ocultamiento de información a organismos fiscalizadores y desvíos de recursos.
Si bien, el ex director de la CONADI Domingo Namuncura, y el entonces director de CONADI, Rodrigo González López (PS) reconocieron estos hechos, descartaron la apropiación indebida de recursos.
Finalmente, la Cámara entregó todos los antecedentes al Consejo de defensa del Estado para que persiguiera las responsabilidades penales  y esclareciera el destino de alrededor de 1.800 millones. A la fecha aún no existen resultados.

Institución: INJUV (Instituto Nacional de la Juventud)

Caso: Se detecta una serie de irregularidades administrativas y financieras en la Dirección de la INJUV mediante un  sumario interno promovido por la Contraloría General de la República y que arrojó un resultado de pérdidas por casi 600 millones de pesos.

Desarrollo: Se detectó la existencia de ilícitos tales como falsificación de facturas, entregas reiteradas de adjudicaciones a grupos específicos de empresas y consultorías por montos altísimos.

Resultado: Fueron destituidos de sus cargos: Leonardo Gonzalez (PS) Director de la INJUV de la época; Juan Torres (DC) Subdirector INJUV; Rafael Vera (PPD) Director Regional Metropolitano INJUV; René Soto (DC). No existen informes de condenas penales o procedimientos judiciales llevados a delante por este tema.

Institución: JUNAEB (Junta Nacional de Abastecimientos y Becas)

Caso: Se descubren irregularidades en la ejecución de programas de alimentación escolar entre 1996 a 1997.

Resultado: Contraloría General de la República descubre el pago de coimas y pagos adelantados a concesiones para los contratos de adquisición de alimentos por 1.242 millones de pesos sin respaldo de ningún tipo.
No existen registros de condenas, sanciones o investigaciones más profundas sobre estos hechos.

Institución: Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu)

Caso: Casas Copeva

Desarrollo: Durante el invierno de 1997 se constata la existencia de departamentos recientemente entregados en la ciudad de Santiago y obtenidos por sus moradores a través de subsidios habitacionales los cuales resultaron completamente anegados. Los daños resultantes luego de las lluvias normales de invierno fueron filtraciones a toda escala, daños estructurales profundos e inutilización de los enseres y electrodomésticos de los moradores producto de la humedad o abiertamente el agua que se filtró dentro de las estructuras.
Pocos saben que el dueño de la concesionaria COPEVA es Francisco Pérez Yoma hermano del entonces Ministro de Defensa don Edmundo Pérez Yoma.
Otro dato curioso del caso es que, el entonces ministro de vivienda don Edmundo Hermosilla había recibido de regalo, por parte de Francisco Pérez Yoma, un caballo fina sangre. Esto le costó al entonces ministro su cargo.

Resultado: La Corte de Apelaciones de San Miguel dejó sin efectos el sometimiento a los tres máximos ejecutivos de Copeva por el delito de estafa que había resuelto el ministro en visita, Ismael Contreras. No existe informe de otras condenas o indemnizaciones al respecto.
El costo para el Estado en este caso: $22.000.000.000 de pesos, valor referente a la concesión de los departamentos defectuosos.

Año 1998

Institución: Ministerio de Obras Públicas (MOP)

Caso: La empresa mexicana Tribasa ganó la licitación para la remodelación de la Ruta 5 y el Acceso Norte a Concepción, pero en medio de las faenas, la firma quebró y abandonó la obra, sin pagar las indemnizaciones pertinentes.

Desarrollo: La empresa mexicana solamente recibió de parte del MOP multas por el retraso en la ejecución de las obras, nunca procedió a compeler judicialmente el cumplimiento de las mismas lo que se vió agravado producto de la quiebra de Tribasa.
En el mismo año se inició un procedimiento penal con el fin de esclarecer las irregularidades en la entrega de dicha Autopista, lo que no fructificó debido a la ausencia de pruebas físicas respecto al caso, lo anterior es extremadamente rato ya que existía un sumario del mismo MOP que determinó que la Comisión de Autorización de Puesta en Marcha, que la integraba Matías de la Fuente (Primo de Luisa Durán de Lagos, Miembro de la Comisión Bicentenario y además Jefe de Finanzas de la Campaña Presidencial de Ricardo Lagos Escobar) infringió la normativa legal vigente al dar el visto bueno a la obra y a autorizar el cobro de peaje pese a que la obra no estaba finalizada. Dentro del mismo sumario se constató, además, que esa misma comisión aceptó de manera irregular, una boleta de garantía de 4.000 UF por las obras que aun no estaban finalizadas cuando lo que correspondía de acuerdo a la normativa era cursar una multa, a beneficio fiscal, por cada mes de retraso.

Resultado: Todos estos antecedentes están en manos de la jueza Gloria Ana Chevesich.  Sin embargo, hasta ahora la magistrada no ha logrado encontrar pruebas de la existencia de platas políticas en torno a la empresa mexicana. En 2001, el fiscal del MOP, Claudio Flores propone sancionar a 11 funcionarios entre los que se cuenta Matías de la Fuente, quien renuncia a la secretaría ejecutiva de la Comisión Bicentenario.  En marzo de 2003 apareció una posible evidencia de irregularidades, comprometiendo a Tribasa con el escándalo MOP-Gate.  También se supo que el primo de la Primera Dama, Matías de la Fuente, participó en estos negocios como Director de Planeamiento MOP-Gate y MOP-Tribasa, siendo sometido a proceso en dos oportunidades por esta causa el año 2005.

Gobierno de Ricardo Lagos Escobar

Año 2000:

Institución: Todas las reparticiones del Estado

Caso: Entre 1990 y 2000, en las empresas del Estado se pagaron 875 indemnizaciones a sus ejecutivos, 752 casos registrados:  Correos, 101;  Enap, 111;  Codelco, 168;  Banco del Estado, 14;  Enami, 40;  Polla Chilena, 8;  Metro, 27;  FF.CC., 40;  Sanitarias, 52;  etc.  De todos esos casos, sólo 80 situaciones han sido cuestionadas por alguna autoridad. En total se utilizaron 33 mil millones de pesos ( $33.000.000.000).

Desarrollo: En total, se trata de 33 mil millones de pesos, que habrían beneficiado a 875 funcionarios de diversas empresas del Estado, desde 1990 al año 2000.   Entre los involucrados, se encontraba el padre del entonces ministro Álvaro García.
Lo ocurrido llevó al gobierno de Ricardo Lagos a impartir un instructivo presidencial, para establecer que las indemnizaciones no debían exceder lo establecido en el Código del Trabajo.  Luego, se informó que la práctica venía desde antes, apuntando al gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, quien afirmó posteriormente que abusaron de su confianza.
El ex Presidente, Ricardo Lagos declaró: “en la función pública se está para servir y no para servirse” y llamó a los ejecutivos a devolver lo recibido para permanecer en el Gobierno o renunciar.  Muchos optaron por lo segundo.

Resultado: Después de estudiar por parejo los 683 casos de indemnizaciones, el Consejo de Defensa del Estado inicio acciones penales contra 29 personas de Correos, 3 personas de Enap, y 5 personas de Ferrocarriles;  y acciones civiles contra 4 personas de Ferrocarriles, y 2 personas de Metro, S.A.
En total, 43 ejecutivos fueron demandados por negociación incompatible con motivo de obtención de indemnizaciones indebidas.  Además, el Consejo de Defensa del Estado acordó ejercer acciones civiles contra 1 persona de Correos, 2 personas de Essam (Empresa de Servicios Sanitarios de Maule), y 2 personas de Metro, S.A., a estas denuncias se está dando cumplimiento en la medida que se obtengan algunos antecedentes aún pendientes, puesto que al CDE le ha sido muy difícil reunir los antecedentes requeridos, particularmente de las empresas sanitarias.

Año 2001

Institución: Fondos de Absorción de Cesantía (FOSAC)

Caso: En el año 2002, la senadora Evelyn Matthei (UDI) y el diputado Darío Molina (UDI), denunciaron el desvió de dineros del Fondo de Absorción de Cesantía (FOSAC) y del Fondo Social Presidente de la República del Ministerio del Interior, de la Gobernación de Choapa, bajo la administración del Julio Rojos (PDC), hacia la campaña política de la diputada Adriana Muñoz (PPD), en las parlamentarias del 2001.

Desarrollo: La Contraloría inició una investigación, a la que más tarde se unió la fiscalía, de la que también se hizo parte el Consejo de Defensa del Estado.
En el año 2004, la fiscalía acusó al ex Gobernador de Choapa, Julio Rojos, de negociación incompatible, aplicación pública diferente y fraude al fisco. Rojos, suscribió el año 2002 contratos de trabajo para su padre e hija, financiados con recursos del Fondo de Absorción de Cesantía y del Fondo Social Presidente de la República, del Ministerio del Interior, pagándoles $222.333 a cada uno.

Resultado: En mayo de 2006, el Ministerio Público de la IV Región formalizó cargos contra 9 funcionarios de la Gobernación de Choapa y dos de la Inspección Provincial del Trabajo -por fraude al Fisco y falsificación de instrumento público-, que ayudaron al ex gobernador de Choapa Julio Rojos Astorga, a financiar un grupo de brigadistas que habían apoyado a la diputada PPD, Adriana Muñoz en la elección parlamentaria 2001.

Año 2002

Institución: Congreso Nacional

Caso: Uso ilegal de sobres del Congreso Nacional para campañas electorales al interior del PPD.

Desarrollo: Se recibe una serie de denuncias en contra del entonces diputado por el PPD, don Guido Girardi quien encargó con cargo a la Presidencia de la Cámara de Diputados el monto de $3.820.000 por el envío de 24.648 cartas para la campaña a la Presidencia de su partido.
Producto de la investigación se descubre además que el entonces Senador don Jaime Naranjo, del PS, mantenía contratada a su cónyuge prestando servicios no especificados. El Senador, al ser cuestionado por las cámaras de televisión negó todo lo aseverado y además señaló no conocer a su esposa.

Resultado: No existió sanción penal al señor Guido Girardi al no prosperar la denuncia, al parecer, devolvió los fondos utilizados. El señor Naranjo en las elecciones de 2005 fue ratificado por su partido como candidato a Senador por Santiago Poniente.
Institución: ISP – Santiago.

Caso: Contraloría detecta irregularidades en convenios suscritos entre el ISP de Santiago con la Universidad de Chile, convenio suscrito el año 2000. Contraloría constató la existencia de pago de honorarios por servicios no prestados por la suma de $250.000.000 de pesos.
Resultado: Se remueve de su cargo al ex subsecretario de salud y ex director del ISP Gonzalo Navarrete. No existe proceso penal ni civil pendiente por los montos.

Institución: Ministerio de Salud

Caso: Se autoriza por parte del Ministro de Salud de la época, Osvaldo Artaza (DC) un banquete de celebración por el aniversario de la creación del Servicio Nacional de Salud, que ya había desaparecido por un monto total de $28.000.000 de pesos en momentos que se anunciaban recortes presupuestarios del Ministerio para la entrada del Plan Auge.
La nota curiosa de este acto es que el banquete fue encargado a la Productora “A2” de propiedad de Osvaldo Aguiló, hermano del Diputado Socialista Sergio Aguiló

Resultado: Ninguna autoridad política o de Gobierno se responsabilizó por estos hechos. Extrañamente este caso no tuvo cobertura mediática.

Institución: Ministerio de Obras Públicas

Caso: Este es el famoso caso MOP –Gate recordado muchas veces por ser uno de los casos más patentes de desvío de fondos en los Gobiernos de la Concertación.

Desarrollo: En 1997, el ex Seremi de Transportes, Héctor Peña, creó la empresa Gestión Ambiental y Territorial SA (GATE), esta empresa prestaba sus servicios de asesoría a varios estamentos y reparticiones públicas del Estado de Chile.
El año 2000 se produce el primer hecho extraño que llamó la atención de las autoridades. Héctor Peña Veliz denuncia el robo de $190.000.000 de pesos a la empresa Gate, dineros que habrían sido sustraídos desde sus dependencias. Luego de las investigaciones pertinentes se pudo concluir que el presunto robo, en realidad era un auto robo, es decir, desde el interior de las oficinas se habrían sustraído esa suma de dinero por personas con acceso a los fondos. Peña Veliz, luego de dichos resultados procedió a acusar como autoras de dicho acto a su secretaria, la señora Sara Oliva y a la madre de esta, la señora María Martínez.
Luego de diversas gestiones se logró recuperar la suma de $172.000.000 de pesos.
Luego de unos meses y viendo las mujeres que se les estaba culpando no solo de este ilícito sino que de la comisión de otros más procedieron a denunciar que Gata era una empresa fantasma, que no ejercía ningún tipo de actividad ni prestaba los servicios que se señalaban en sus facturas u ordenes de compra. Denunciaron además que el objeto de la existencia de dicha empresa era el desvío de fondo para financiar campañas políticas. Estas acusaciones fueron recogidas en su oportunidad pero no valoradas, siendo desestimadas en dicha época. Con todo, en abril del año 2001 la Contraloría General de la República constató y detectó las primeras irregularidades un set de contratos de Gate. Esto quedó a la luz luego de una fiscalización y auditoría al MOP.
El Ministro en visita designado para analizar el caso “Coimas”, Carlos Aranguiz, en el devenir de su investigación detectó que la empresa Gate había estado pagando sobresueldos a funcionarios del MOP mediante sobres, los cuales eran además libres de impuestos, comprometiendo directamente al entonces ministro el señor Carlos Cruz, militante del PS. Se arribó a esta conclusión luego de contrastar los pagos recibidos por Gate, que sumaban la no menospreciable cifra de $1.700.000.000 de pesos versus los contratos asignados por el MOP que alcanzaban la suma de $1.400.000.000. Lamentablemente y luego de mucha presión política por parte de la concertación, se sacó al Ministro Carlos Aranguiz del caso nombrándose a Gloria Ana Chevesich como la Ministra en Visita exclusiva para el cargo.

Resultado: Aún no concluye el caso.

Institución: MOP/ Centro de Investigación Aplicada y Desarrollo de la Universidad de Chile (Ciade)

Desarrollo: Luego de la investigación iniciada en la revisión de los contratos producto del escandalo MOP – Gate, la jueza Gloria Ana Chevesich detecto una serie de contratos suscritos irregularmente y que fueron destinados exclusivamente al pago de sobresueldos entre los años 2001 a 2002. Estos contratos fueron suscritos entre el Ministerio de Obras Públicas y el Centro de Investigación Aplicada y Desarrollo de la Universidad de Chile.
Esta investigación del magistrado constató la existencia de un contrato entre el MOP y el Ciade firmado bajo la glosa de “Servicios de Consultoría en Administración de Recursos Humanos, como apoyo al Programa de Aguas Lluvias, Defensas Fluviales y Lluvias Aluvionales de la Dirección de Aguas del Ministerio de Obras Públicas”. Dicho contrato fue suscrito en el mes de agosto del año 2001 y su costo total, a esa fecha, era de $428.000.000 de pesos. La jueza Chevesich determinó y constató que los dineros resultantes de este contrato fueron destinados al pago de sobresueldos a funcionarios de la Dirección de Obras Publicas del MOP. Lo increíble de todo esto es que a comienzos del año 2002 el valor del contrato fue ampliado a $1.400.000.000 de pesos sin que existan mayores razones, justificaciones o estudios técnicos para dicho aumento.
En noviembre de 2003, la ministra Chevesich sometió a proceso por fraude al Fisco y estafa a cinco altos funcionarios del Ciade.
Este caso tuvo otras aristas, como el robo de uno de los computadores de los implicados en el caso, la desaparición (23 de diciembre de 2002) y el hallazgo de sus restos (13 de abril de 2003) del contador del Idecon y pieza clave del caso, Daniel Figueroa y luego el suicidio en Las Condes (octubre de 2004) del sociólogo Enrique Ponce de León Milnes, procesado en el marco del caso.  Se precisó que cerca de 12 Seremis recibieron sobresueldos por un total de 120 millones de pesos gracias a un contrato suscrito entre el MOP y el CIADE, pero en octubre de 2003, la Corte de Apelaciones anuló los procesos por fraude al fisco que pesaban sobre ellos.

Resultado: Desconocido

Año 2003

Institución: Banco Central /Inverlink /CORFO o el denominado “Caso del Jarrón de Lagos”

Caso: Un mail enviado equivocadamente por la secretaria del Director del Banco Central, Pamela Andrade, destapa el escándalo más grande conocido sobre fraude al fisco y tráfico de información privilegiada: La secretaria estaba proporcionando información confidencial a un organismo particular (Inverlink).
El Presidente de Inverlink, Eduardo Monasterio trató de salvar la empresa realizando actos ilícitos.  Se registró un robo de instrumentos financieros de CORFO, que fueron traspasados al holding sin autorización y gracias a la complicidad del jefe de la tesorería de CORFO.  Los papeles se estimaron en unos US$80.000 millones y fueron vendidos al mercado financiero, provocando un caos total.  En el directorio de la empresa figuraba Álvaro García Hurtado.  El alcalde de Viña, Jorge Kaplan, denunció que García lo había presionado para que no retirara fondos municipales invertidos en Inverlink.

Resultado: El ministro en visita, Patricio Villarroel, sometió a proceso por delito reiterado de soborno y estafa, por un monto superior a las 400 UTM al presidente y socio principal del holding, Eduardo Monasterio, a los ex ejecutivos Ignacio Wulf y Enzo Bertinelli;  y al contador Eduardo Tapia.  El ex funcionario de Corfo, Javier Moya, también fue procesado pero por el delito de malversación de fondos. Otro implicado fue el gerente general de CORFO y yerno de Lagos, Gonzalo Rivas, lo que le costó su renuncia.  El presidente del BC, Carlos Massad, también presentó su renuncia. En enero de 2007, Corfo y Santander llegan a un acuerdo extrajudicial, mediante el cual el banco  pagará $980 millones a Corfo.  Con este acuerdo Corfo desistirá de todas las acciones judiciales que mantenían contra el banco Santander y sus funcionarios.  Antes se habían logrado este tipo de acuerdos con Scotiabank y Pinebank de Miami, pero aún tienen juicios pendientes.  Sin embargo el 2004 Corfo llegó a un acuerdo con Scotiabank, el cual pagó $3.000 millones y el Pinebank que en ese mismo año le pagó otros US$ 4.2 millones.
Por otro lado el Banco Santander anunció que la deuda que Inverlink mantiene con la entidad será asumido como un crédito impago, mientras se evalúan las acciones legales a seguir.

Año 2004

Institución: Ministerio de Obras Públicas

Caso: Puente Loncomilla

Desarrollo: El 18 de noviembre de 2004 el puente Loncomilla se vino abajo, resultando heridas 8 personas y destruidos 3 automóviles y una camioneta. No se produjeron muertes afortunadamente.
Desarrollo: Luego de la caída y en la búsqueda de antecedentes referentes a esta estructura vial, se publica en la prensa un informe que señalaba que ya en 2003 se tenía conocimiento de las deficiencias técnicas en el puente, dichas fallas obedecían a problemas estructurales graves y provenientes de la época de edificación en 1994. Este estudio fue ignorado por el entonces ministro de Obras Públicas Javier Echeverry.
Cabe recordar que el costo total de la construcción fue de $ 1.040.000.000 de pesos.

Resultado: La comisión de obras públicas de la cámara de diputados declaró, luego de investigar los hechos, que aun cuando se conocía la condición del puente por parte del MOP el tránsito no fue suspendido en ningún momento y tampoco se inició ningún tipo de plan de contingencia para repararlo. Por estas razones fue destituido de su cargo el jefe del Departamento de Puentes y Estructuras Ricardo Rigenensi y el jefe del Departamento de Construcción de Vialidad, Francisco Cornejo.
En 2005 el ex director de vialidad del MOP, Oscar Ferrel, admitió que existió negligencia de parte del servicio, toda vez que dos de los soportes del puente fueron instaladas en terreno no asentado ni firme.
A la fecha solamente quienes renunciaron a sus cargos han asumido la responsabilidad política, pero nada se sabe respecto a la empresa contratista o a los dineros pagados por la construcción defectuosa.

Año 2005

Institución: MOP / Ficor

Caso: La Ministro Gloria Ana Cevesich detecta en uno de los contratos del MOP irregularidades en torno a la empresa Ficor y los acuerdos suscritos entre ambos. Cabe recordar que en 1999 Ficor reconoció haber sido utilizado por el MOP como un artilugio para desviar fondos para la campaña presidencial de Ricardo Lagos. Se declaró ante la jueza que la empresa entregaba facturas por servicios no prestados.

Resultado: La jueza Chevesich, estableció que, entre 1996 y 1998, Carlos Cruz, futuro ministro de Obras Públicas y antiguo militante del MIR, actual  militante en el PS y amigo personal de Ricardo Lagos, solicitó a las empresas Ficor, Concerta y Gesys un total cercano a los $10 millones de pesos para cancelar un honorario adicional a Álvaro González, ex jefe de Proyectos de Concesiones y entonces Gerente General de Itinere, filial chilena de Sacyr.  Estas consultoras “tenían contratos vigentes con el Ministerio de OO.PP.”, lo que haría “improcedente” que un funcionario de esa cartera le pidiera dineros, aprovechándose de su condición.  Razón por la cual sometió a proceso al ex ministro Carlos Cruz, por el delito de “exacción ilegal”, resolución ratificada por la Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago.

Institución: MOP/ Presidencia de la República/ Gescam

Caso: Este es el renombrado caso Gescam que involucró al cuñado del entonces Presidente de la República Ricardo Lagos, Hernán Durán.
Desarrollo: Dentro de la investigación de la jueza Chevesich respecto a los contratos suscritos por el MOP, surge un requerimiento por Joaquín Lavín, que en esa época era candidato presidencial de la derecha, para que Ricardo Lagos aclarara el porqué de la adjudicación de una licitación por la a su cuñado Hernán Duran.
La jueza Cevesich detectó además que en diciembre de 2002 la firma Gescam Consultores Asociados, de propiedad de Víctor Faraggi, Hernán Duran (hermano de la primera dama) y el entonces embajador de Chile en Francia Hernán Sandoval (amigo personal de Lagos Escobar), se había adjudicado un grupo de asesorías al MOP por la no despreciable suma de $2.000.000.000 (dos mil millones) de pesos.
Además también se determino durante el curso de la investigación que Gescam habría realizado entre 1997 y 2005 cerca de 18 asesorías ambientales a Codelco, por un monto superior a los U$ 900.000.000 de dólares, de las cuales solo 5 habrían sido por licitación, siendo las otras 13 restantes asignadas directamente.

Resultado: En 8 oportunidades el Congreso, apoyados mayoritariamente por los votos concertacionistas, rechazaron la creación de una comisión investigadora. A la novena oportunidad se logró aprobar la comisión que constato todos estos hechos y logro además detectar otros casos, entre ellos, de nepotismo como por ejemplo el nombramiento de Pedro Duran (hermano también de la primera dama) como Director de Programación de la Presidencia o el caso de Ricardo Lagos Weber (hijo de Ricardo Lagos Escobar) quien trabajaba de forma remunerada en la Dirección Económica de la Cancillería. Ninguno tuvo sanción alguna.

Caso relacionado al anterior

Institución: Codelco

Caso: Gescom, Gestión Limitada y Top Consultores.

Desarrollo: Producto de una denuncia interpuesta por la entonces senadora Evelyn Matthei se reveló que Codelco habría repetido una práctica realizada con Gescam, esta vez con las empresas de los hermanos de los ministros Ricardo Solari y Jaime Estévez respectivamente. La sociedad de Jaime Solari recibió un contrato por más de $365.000.000 de pesos por asignación directa, mientras que la empresa de Rafael Estévez tenía contratos por más de $1.100.000.000 de pesos en cursos de capacitación asignados directamente sin licitación.
Se comprobó también la existencia de otros contratos de Gescam con Codelco, a saber, 18 de los cuales solo 5 fueron adjudicados por la correspondiente licitación.

Resultado: Finalmente la comisión investigadora de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad que no hubo ninguna irregularidad en ninguno de los tres contratos entre el Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Telecomunicaciones y la consultora Gescam.
Por 80 votos a favor, uno en contra y cuatro abstenciones se aprobó informe de la comisión investigadora que desestimó las denuncias que involucraron a Gescam.

Institución: MOP / Autopista Vespucio Express

Caso: Por error el MOP compró un número menor de TAG´s de los requeridos por la demanda de los usuarios.

Desarrollo: El error descrito costó al fisco la suma de $5.200.000.000 de pesos dado que el Ministro de Obras Públicas de la época optó por pagar con fondos del Fisco los TAG´s adicionales y que las concesionarias debían entregar gratuitamente al público.

Resultado: Nadie se hizo responsable de esta gravísima falla que significo un gasto bastante significativo para las arcas fiscales.

Institución: MOP/ Gesys

Caso: La ministra Chevesich detecto la existencia de desvíos de dinero por la suma de $36.000.000 de pesos del Fisco, a través de un contrato entre el MOP y la Consultora Gesys. Estos dineros fueron desviados por el ex Director de Planeamiento del MOP, Matias de la Fuente (primo de Luisa Duran y ex jefe de gabinete de Ricardo Lagos) a la campaña presidencial de Ricardo Lagos el año 1999 a través de la página web instalada para las elecciones.

Desarrollo: La manera en que se realizó dicha desviación de dineros fue simulando un programa de capacitación que debía llevar a adelante Gesys por $15.000.000 que nunca se realizó.

Resultado: En octubre de 2005,  la ministra en visita del caso MOP, Gloria Ana Chevesich, procesó a Matías de la Fuente y Sergio Cortés, ex jefe de Finanzas de Vialidad del MOP, fueron procesados por la jueza por fraude y estafa al fisco, al igual que Raúl Herrera de Gesys y Óscar Araos, de Ábaco.
En junio de 2006,  la ministra Chevesich condenó al ex ministro del MOP, Carlos Cruz a cuatro años de presidio menor en su grado máximo con el beneficio de la libertad vigilada, como autor de los delitos de fraude al fisco y falsificación de instrumento público.
También condeno al ex jefe de Vialidad del MOP, Sergio Cortés, como autor de fraude al fisco, a la  pena de 541días de presidio menor en su grado mínimo y al pago de una multa equivalente al 10% del perjuicio causado.  Además fue inhabilitado para ejercer cargos u oficios públicos.
Además condenó a Raúl Herrera –uno de los dueños de Gesys-, a una pena de presidio menor en su grado medio y a la suspensión de cargo u oficio público mientras dure la condena.
En tanto absolvió a Carlos Aravena como autor del delito de falsificación de instrumento público.

Institución: Ministerio de Justicia

Caso: Los diputados Marcela Cubillos, Cristián Leay y Víctor Pérez, revelaron que durante la gestión de Soledad Alvear como Ministra de Justicia entre 1994 y 1999 se habían asignado licitaciones de Defensorías Públicas por millonarios montos a una firma de abogados de la cual era integrante su cónyuge Gutenberg Martínez.
En el análisis de las concesiones de las 123 sociedades jurídicas que postularon al proceso, 90 de ellas habrían pasado por una evaluación técnica por parte del Ministerio, pero sólo 2 de ellas captaron el 80% de las defensas licitadas: La Sociedad de Defensa Jurídico Penal (DJP S.A) integrada por la Universidad Miguel de Cervantes, presidida en su directorio por Gutenberg Martinez y la Sociedad de Defensores Penales Metropolitanos. El 48% del total de causas adjudicadas lo obtuvo DJP.
En un elemento curioso, durante la investigación se determinó que el Subsecretario de Justicia y miembro del comité de licitaciones era profesor de la Universidad Miguel de Cervantes.

Resultado: Quedó solamente en una denuncia aun cuando existían elementos de convicción claros.

Año 2006

Institución: Mop – Foro

Caso: En agosto de 2005, el entonces presidente de la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE) y ex subsecretario de Transporte del Gobierno Ricardo Lagos, Guillermo Díaz, fue encausado por fraude al fisco en $9 millones de pesos, que la consultora Foro le entregó en cuatro pagos en efectivo para pagar un magíster en Administración Pública en España en 1998, en el caso MOP-Foro.

Resultado: En noviembre de 2006, la Corte de Apelaciones de Santiago, confirmó el auto de procesamiento, por fraude al fisco en contra del ex subsecretario de Transporte Guillermo Díaz, quien renunció a la Presidencia de EFE. El encausamiento de Díaz es parte del caso MOP-Foro, que la ministra Chevesich investiga una encuesta de opinión del Plan de Transporte y Descontaminación de Santiago en 1998, que costó cerca de 47 millones de pesos y que no se habría llevado a termino.   De acuerdo a la investigación, Díaz, como jefe de operaciones de concesiones, desvió parte de los fondos de un contrato con Foro para elaborar el sondeo.  Estos dineros llegaron en cuatro pagos de 9 millones de pesos utilizados para costear un postgrado.
A fines de noviembre, Guillermo Díaz, presenta su renuncia a la presidencia del directorio de EFE, ante el Sistema de Empresas (SEP) y su partido la Democracia Cristiano le suspende su militancia.

Institución: Chiledeportes

Caso: Una auditoria de la Contraloría General de la República -tras una petición del senador José García Ruminot (RN), en enero de 2006- detectó una serie de irregularidades en 77 proyectos del Fondeporte, entregados por asignación directa durante el último trimestre del 2005, por más de 400 millones de pesos.

Resultado: En la actualidad se realizan investigaciones por parte del Ministerio Público. El trabajo y los resultados de la Comisión Investigadora de Chiledeportes quedó desvirtuado, luego que la moción de censura contra su ex presidente el Diputado (RN) Nicolás Monckeberg, solicitada por parlamentarios de la Concertación, fuese aprobada por la Cámara de Diputados. Tras este resultado los parlamentarios de la Alianza decidieron retirarse en bloque de la Comisión.

Institución: Servel – Publicam

Caso: En el marco de las irregularidades halladas en Chiledeportes, se detectaron facturas de la empresa “fantasma” Publicam.  Éstas también fueron encontradas por la investigación que realiza la Fiscalía en las rendiciones de gastos de campaña del senador PPD, Guido Girardi;  la ex candidata al senadora Lily Pérez;  y en las del ex candidato presidencial Sebastián Piñera.
Girardi, a diferencia de  Pérez y Piñera –quienes recibieron de Publicam por trabajos que sí fueron realizados e interpusieron una querella contra los responsables-, reconoció que utilizó facturas de Publicam para cuadrar los gastos de su campaña senatorial y así transparentar la contratación de brigadista.    La Fiscalía detectó irregularidades en el arriendo en dos sedes del comando de Guirardi, además de la detección de las mencionadas facturas.

Resultado: El SII presentó una querella criminal por uso de facturas falsas y se investiga el motivo por el cual fueron timbradas más de 1.000 facturas a esta empresa. El Ministerio Público ha formalizado a varias personas relacionadas con la empresa “fantasma” Publicam. En Diciembre de 2006, el administrador electoral de la campaña del senador PPD Guido Girardi, Ricardo Farías Vegas, y el abogado Dante Leoz –encargado de entregarle las facturas falsas a Farías – fueron formalizados por el delito de estafa al Fisco.

Gobierno de Michelle Bachelet Jeria

Año 2007

Institución: Chiledeportes V Región

Caso: El año 2005, funcionarios de la entonces Dirección General de Deportes de la V Región realizaron una fiesta de fin de año con un costo aproximado de $3.155.980 y que contó con la participación de 52 funcionarios de la entidad.

Desarrollo: El financiamiento de esta actividad se gestó mediante la triangulación fraudulenta de dineros obtenida mediante la creación de un código de proyecto falso denominado “Eventos deportivos recreativos familiares en Limache” por la suma de $3.155.980, de esta suma solo se destinaron a comida y bebida $1.372.000 y $120.000 en transporte desde Valparaíso a Limache.

Resultado: A comienzo de 2009 el Ministerio Público formalizó por fraude al fisco al entonces director de Chiledeportes de la V región Luis Céspedes Castillo y pidió un plazo de 6 meses para cerrar la investigación. No tenemos datos del resultado de toda la gestión que estaba a cargo del fiscal Cristián Andrade.

Año 2008

Institución: Superintendencia de Electricidad y Combustibles

Caso: Se inicia un sumario por parte de la Contraloría General de la República dentro de la SEC generada por una denuncia emanada de sus propios funcionarios por una presunta malversación de fondos públicos desde el año 2005 cuando Claudio Espejo era el Superintendente.
Desarrollo: Se determinó que el total de dineros involucrados era la suma de $90.000.000. Se cuestiona además la existencia de pagos a cargos inexistentes, esto es, a los jefes zonales en cada región toda vez que existía el cargo Jefe Regional.
En el desarrollo de la auditoría se sancionó al jefe del Departamento de Administración, Christian Miño, al Jefe del Departamento de Productos, Jaime González, y al encargado de Control Presupuestario de la Superintendencia, Rodrigo Ruz. También fue objeto de cargos la Superintendenta Patricia Chotzen (DC) ya que ella declaró respecto de los jefes zonales señalando que los cargos habrían sido creados para los mismos directores regionales, quienes tenían, supuestamente, una doble función.

Resultado: Existe un sumario interno del cual no tenemos información.

Institución: Subsecretaría de Transportes y Telecomunicaciones

Caso: La venta de frambuesas en vehículo fiscal

Desarrollo: Descripción del caso: Elinett Wolf, es experta en telecomunicaciones pero desde que arribó al cargo de subsecretaria de Transportes ha demostrado   su   espíritu   emprendedor   ofreciendo   frambuesas   a restaurantes  del   centro  de  Santiago.  Su   chofer,   ex  hombre   de confianza  de  Guillermo  Díaz,  sería  el  encargado  de  repartir  los pedidos en el vehículo fiscal asignado a la mujer. Por absurdo que parezca, la práctica contraviene la ley de probidad.
La ley de probidad es clara en especificar que a los subsecretarios, al igual que a los ministros y a otros funcionarios de confianza de la Presidenta,  les  está  prohibido  desempeñar  actividades  económicas ajenas  a  su  cargo,  así  como  ocupar  infraestructura  estatal  para cuestiones distintas al trabajo público.
Wolff dejó su cargo luego que se diera a conocer que había utilizado un  automóvil fiscal para hacer entregas de frambuesas a restoranes capitalinos, como parte de un negocio familiar.

Resultado: Destituida Elinett Wolff.
Institución: Dirección Metropolitana del Sename
Caso: Uso de vehículo fiscal para actividades políticas
Desarrollo: Los dirigentes sindicales y funcionarios del Sename, denunciaron a las autoridades que  la directora metropolitana  de  ese  servicio,  Verónica  Tobar,  estaba  usando  el vehículo hasta para ir al Partido Socialista, del cual es miembro del comité político. Denuncian además, que habría realizado compras en la Vega Central y viajes a centros comerciales, controles médicos y a su domicilio en La Florida.
La  fiscal  interna  de  la  entidad,  Rebeca  Gallardo,  tras  recibir  las denuncias, instruyó un sumario administrativo.   La sorpresa fue, al revisar la bitácora del vehículo, pues le faltaban dos hojas, que correspondían a los días viernes 28 y lunes 31 de marzo. Como el hecho puede configurar delito, se trata de un instrumento público, se decidió poner los antecedentes a disposición de la fiscalía de Ñuñoa.
Según el dirigente sindical, Abdul Flores, precisamente las hojas que faltan de la bitácora  corresponderían a viajes  relacionados  con  las elecciones del partido socialista.
Resultado: Verónica Tobar renuncia el 1 de julio de 2008.

Espero prontamente subir los casos de 2009 hasta el final del mandato de Michelle Bachelet, los cuales son bastante extensos y recordados.

Institución: Programa Puente

Caso: Plan social elaborado bajo el Gobierno de Ricardo Lagos, paso primario para el llamado “Chile Solidario”

Desarrollo: De acuerdo a cifras entregadas por Contraloría General de la República 263.503 familias pasaron de una u otra manera por este programa de gobierno, es decir, 948.000 personas con un gasto fiscal de $86.000.000.000.

Se detectaron irregularidades desde un principio. El total de las cifras manejadas según las bases de datos del Estado existe un descuadre de 7.981 familias que no debían estar adscritos al programa, sumado a que respecto de los pagos que el INP (insitución a cargo de pagar los bonos generados por este programa) hay una diferencia no menor de $7.000.000.000. A juicio de la Contraloría dicha situación deberían haber sido reparada en su momento.

Con todo existen 105 muertos que entraron al programa, 10.400 Cédulas de Identidad Nacional duplicadas, 81.000 familias que no cumplían con los requísitos mínimos para ingresar al programa, 1.050 casos en que el nombre del beneficiario no coincide con los registros oficiales y, como última situación anómala, existían en una cifra identerminada, beneficiarios menores de 18 años.

Resultado: No existe certeza si se iniciaron o no los sumarios administrativos que ordenó la Contraloría realizar.

Institución: Subsecretaria del Trabajo

Caso: La Contraloría detecta rendiciones de cuentas anómalas por $8.142.654.000 de pesos, cuyo destino eran programas pro empleo en distintas instituciones públicas y privadas. No existe la documentación que respalde el traspaso o la manera en que se entregaron dichos dineros a los entes señalados.

Desarrollo: El 31 de octubre de 2007 la Contraloría comunicó al Gobierno que entidades tales como Fundación para la Superación de la Pobreza, Sence, algunas Intendencias, Conaf, Conadi y Prodemu recibieron transferencias de dinero desde la Subsecretaría del Trabajo para llevar a cabo programas por $26.186.000.302 pesos, de estos existían $8.142.654.000 de pesos sin su respectivo comprobante, los cuales se desglosaban en $3.900.000.000 de pesos en el programa Inversión en la Comunidad de las intendencias y 3.300.000.000 de pesos  en la ejecución del Programa de Bonificación de Mano de Obra.
Importante es destacar que la Contraloría ya había informado que existían recursos sin rendir por ejecución de Programas de Empleo del periodo 2003 a 2006 del orden de los $3.000.090.163 pesos.

Resultado: No existe denuncia, sumario o acción judicial respecto a este caso.

Institución: CONADI

Caso: Una  denuncia  hecha  por  funcionarios  de CONADE  permitió  conocer  que  casi  $2.400.000.000  para  comprar predios se adjudicaron en la IX Región a “casos especiales”. Esto significa en cifras casi la mitad del fondo total de tierras que se asigno a la región, esto es $5.280.000.000 de pesos. Todo lo anterior fuera de cualquier concurso público.

Desarrollo: En un principio, se cuestionaban que más de 60, de los subsidios sin puntaje  beneficiaban  a  indígenas  de  algunas  de  las  comunas  del distrito 51, donde Hilario Huirilef, candidato a diputado y que es uno de  los 4 mapuches del Consejo Nacional. Su hermano Luis Huirilef es, a  su  vez, el alcalde PPD de Chol Chol.   El otro consejero  que estuvo  en  el  comité  de  preselección  del  subsidio,  que  sesionó  a puertas cerradas, fue José Santos Millao, concejal por Purén. A esa comuna  pertenecen  20  de  los  mapuches  seleccionados  fuera  de concurso, a los cuales se les asignaron $20.000.000 per cápita por un total de $400.000.0000.
Esta situación irregular trascendió por un funcionario de Conadi, que se   negó   a   firmar   la   adjudicación,  considerándola  irregular.   La denuncia fue ratificada ante el Ministerio Público por la Asociación Nacional de Funcionarios de Conadi, pero el concurso se adjudicó igual.
La  PDI  incautó  100  carpetas  con  actas  del  concurso  y  el  lonco mapuche  de  Ercilla,  Juan  Carlos  Curinao,  le  pidió  la  renuncia  al director nacional de la Conadi. Álvaro Marifil y a sus colaboradores directos por el escándalo en la asignación de subsidios de tierras para casos especiales. El dirigente calificó lo ocurrido en la Corporación, como un acto de corrupción.

Resultado: Se acreditó que hay favorecidos vinculados a los mismos consejeros de Conadi que tomaron la resolución, lo que es contrario a lo establecido en la ley. Aun así no existió ningún tipo de acción judicial, administrativa ni remoción de cargo de los consejeros cuestionados.

Institución: Subsecretaría del Interior

Caso: Se detectó por Contraloría la pérdida de información contable que estaba en poder de la sección de finanzas de dicha repartición respecto de $120.000.000 de pesos sin rendir que, supuestamente, fueron trasferidos en 1998 a las Intendencias del Maule y Coquimbo.

Desarrollo: Los antecedentes respecto a dichas transferencias se mantenían en manos de la División de Administración y Finanzas del Ministerio del Interior cuando en Agosto de 2008 fueron solicitadas nuevamente por Contraloría para su revisión. Sorpresa causó que la respuesta del Ministerio del Interior fuera que en diciembre de 2007 dichos documentos fueron destruidos y que a su vez, los comprobantes digitales e informáticos de dichas transferencias de dinero se habían perdido “debido a problemas propios del sistema”.

Resultado: No existe registro de sumario u otro tipo de acción administrativa o judicial tendiente a esclarecer estos hechos.

Institución: Registro Civil e Identificación

Caso: Se descubre una amplia red de desvío de fondos para la campaña presidencial de Michelle Bachelet, cohecho, utilización de información privilegiada y fraude al fisco. (Reproduciremos el informe referente a este tema en plenitud que desarrollo Instituto Libertad dada su completa explicación)

Desarrollo: En junio de 2007, tras dos intentos previos, el Servicio de Registro Civil e Identificación llamó a licitación pública para que una empresa privada proveyera la plataforma tecnológica, las  comunicaciones  y  la  información  que  permiten,  entre  muchas otras  cosas,  la  administración  de  la  base  de  datos  de  todos  los chilenos.   El  contrato  involucra  montos  superiores  a  los  US$  80 millones e  importa un asunto de seguridad nacional: lo que está en juego es la información más esencial de todos los ciudadanos, desde registros de actas     de nacimientos, matrimonios, nulidades, defunciones, antecedentes  penales y de ADN hasta  catastro  de vehículos  motorizados, de conductores, aprehensiones y posesiones efectivas. Prácticamente el historial completo de los habitantes de este país.
La licitación siguió cauces de aparente normalidad hasta que en enero del  2008, tras la solicitud de impugnación de una de las empresas (Quintec) concursantes, la Contraloría declaró la nulidad del proceso que   favoreció  en  octubre  a  la  empresa  de  origen  indio  TATA Consultancy Services  BPO Chile S.A. Los argumentos apuntaron a aspectos de índole formal y obligó a volver a la etapa de evaluación. En  marzo  el  Registro  Civil  emitió  una  nueva  resolución  en  que confirmó la  adjudicación del contrato a la empresa TATA Consultancy  Services.  La resolución  Nº  796  fue  anunciada  en  el portal Chile Compra. El Director del Registro Civil, Guillermo Arenas (PPD)  tenía como el principal asesor en la materia a Andrés Ruperto Contardo   Santibáñez,   un   experto   en   informática   que   participó activamente en todo el proceso de licitación, desde la elaboración de las bases hasta la adjudicación de la misma, al tiempo que realizaba asesorías para TATA Consultancy Services en el extranjero.
Las pautas del asesor informático fueron decisivas, formalmente la asignación de puntajes fue responsabilidad de la Comisión Evaluadora y ésta fue designada por el director nacional del Registro Civil, Guillermo Arenas Escudero, guardando un estricto equilibrio político  de  la  coalición  gobernante.  Al  margen  del  propio  Arenas (militante PPD), en ella aparecen Enzo Pistaccchio Sassarini (DC), subdirector de Operaciones; Luis Mella Castro (PS), subdirector de Administración y Finanzas; y José Andrés Moreno Guillén (PRSD), subdirector de Estudios y Desarrollo. A ellos se suman Jorge Lobos Díaz, jefe de gabinete del director nacional a quien éste conoció en su paso de mediados de los ‘90 por la máxima jefatura de la Dirección General del Crédito Prendario, DICREP; y las funcionarias de carrera María Isabel Moya Vergara, jefa del Departamento de Informática, y Gabriela Huarcaya Bode, subdirectora Jurídica. Tras conocerse estos hechos   el   Director   del   Registro   Civil   Arenas   (PPD)   mediante resolución exenta Nº 923 resuelve anular la licitación. El Ministro de Justicia Carlos Maldonado solicitó la renuncia del Director Guillermo Arenas  (PPD)  y  de  los  4  subdirectores  del  servicio  argumentado ““Esta decisión se ha adoptado teniendo presente la conveniencia y la necesidad  de  dar  absoluta  garantía  de  transparencia,  lo  que  en nuestra  opinión  como  gobierno  resultó  lesionado  a  raíz  de  los antecedentes y de las denuncias que se han recibido en los últimos días   respecto   de   este   proceso   de   licitación”   Los   subdirectores removidos fueron: Gabriela Huarcaya, subdirectora jurídica; Enzo Pistacchio  (DC),  subdirector  de  operaciones;  José  Andrés  Moreno Guillén (PRSD), subdirector de estudios y desarrollo; y Luis Mella Castro (PS) subdirector de administración y finanzas.
Resultado: El Séptimo Tribunal de Garantía de Santiago formalizo a Andrés Contardo por los delitos de cohecho y revelación de secreto. Estuvo casi cinco meses en prisión preventiva, hasta que en  septiembre  inició el arresto domiciliario que ahora cumple a la espera   del   término   de   la   investigación.   En   el   intertanto,   fue reformalizado por haber revelado a Tata datos de otra licitación del Registro Civil, por US$ 300 millones, para fabricar nuevas cédulas de identidad y pasaportes.

Casos ligados a este tema:

A)    Caso PDI: La investigación en el Registro Civil tiene que ver  con  las  irregularidades  en  licitaciones  para  la  renovación  de cédulas    y   pasaportes   y   del   mejoramiento   de   la   plataforma tecnológica.  En ambos casos, la empresa india Tata habría contado con información  privilegiada salida desde ese servicio público. Los fiscales Iván Millán y Alejandra Godoy, encargaron con autorización judicial   intervenir   las   comunicaciones   telefónicas   de   Guillermo Arenas entre el 18 de abril  y el 25 de junio de 2008. Para ello, la empresa  Telefónica  instaló  en   su  planta  del  sector  Las  Pircas, Peñalolén -cercano a la casa de la ex autoridad-, un equipo llamado RT 6000, donde se almacenaron las escuchas en cintas formato DAT. Tras la diligencia, el propio Donoso retiró el material y lo archivó en un cárdex en su oficina. El 6 de octubre la fiscalía pidió el material y el oficial le entregó el equipo RT 6000 y la totalidad de las cintas. Pero el  material  que  contenía  las  conversaciones  de  Arenas  estaba  en blanco. Ante la insistencia del Ministerio Público, Donoso respondió el 9 y 13 de octubre a través de dos oficios reservados que debido al “deterioro  progresivo  de  sus  componentes  electrónicos”  el  equipo había borrado la información de su disco duro y por ende  no fue grabado en las cintas”. Sin embargo, el subprefecto Jorge Donoso, jefe del   Departamento   de   Monitoreo   Telefónico   de   la   Policía   de Investigaciones,  PDI,  confeso  que  quemó  una  cinta  con  escuchas obtenidas del teléfono particular  del ex director del Registro Civil Guillermo Arenas,  pero  no  explicó sus motivaciones para  destruir cinta con las comunicaciones.
El  abogado  del  Consejo  de  Defensa  del  Estado  (CDE),  Marcelo Oyarzabal explicitó ayer que una de las líneas investigativas es la posible vinculación  entre Arenas y  Donoso.  Esto,  pues  el  primero formó parte de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), antes del Registro  Civil,  lo  que  lo  acerca  con  Donoso,  quien  lideraba  el departamento de espionaje de la PDI.

Resultado: El Séptimo Tribunal de Garantía de Santiago explicó que hay diligencias que buscan a determinar las motivaciones que  tuvo  Donoso  para  destruir  el  material.  Sin  embargo,  la  fiscal explicó que hay diligencias que buscan a determinar las motivaciones que tuvo Donoso para destruir el material.

B)    Caso Dineros Campañas Políticas: La fiscal Alejandra Godoy en una audiencia ante el 7º Juzgado de Garantía confirmó la prisión preventiva del ex prefecto de Investigaciones Jorge Donoso, al hacer oír una escucha telefónica en la cual el ex director del Registro Civil Guillermo Arenas menciona la entrega de fondos a la campaña electoral de Michelle Bachelet.
En el registro telefónico de tres minutos, Arenas habla con un amigo en  lenguaje coloquial y le expresa sus dudas a declarar todo lo que sabe en la investigación por irregularidades en la licitación a Tata para  renovar  la  plataforma  tecnológica  del  servicio,  por  temor  a perjudicar a la Presidenta. La grabación fue lograda por un detective, para  comprobar  que  los  aparatos  de  la  Unidad  de  Monitoreo Telefónico de la PDI estaban operativos y que Donoso -ex jefe de la unidad-  mintió  a  la  fiscal  Godoy  cuando  informó  que  estaban  en desuso.  Guillermo  Arenas  entregó   una  declaración  pública  por intermedio  de  su  abogado  Alex  Carocca,  negando  haber  utilizado algún recurso en actividades de tipo político mientras fue director del Registro Civil e Identificación.
Por otra parte,  en la declaración prestada en octubre ante la fiscal del caso  Registro  Civil,  Alejandra  Godoy,  por  el  experto  informático Flavio Venturini, por su participación en conversaciones entre Tata y el  director de la entidad pública, el PPD Guillermo Arenas, por la licitación de la plataforma tecnológica de ese organismo.   Venturini fue citado por la fiscalía tras conocerse una reunión de septiembre de 2006, en la que además de él participaron el presidente de Tata para Chile y la región —que en principio se adjudicó el proyecto—, Henry Manzano,  el  propio  Guillermo  Arenas  (PPD),  y  un  “gestor  de negocios”, Danilo Rivas, quien convocó a todos en su casa para una cena.  Junto  a  Rivas,  Venturini  intentaba  hacer  negocios  con  el Registro  Civil  aprovechando  que  el  primero  tenía  una  antigua amistad con Arenas y que el segundo conocía a los ejecutivos de Tata. Actuarían así como intermediarios.
De acuerdo con la declaración que realizó Venturini ante Godoy, éste ofreció a Tata que su consultora construyera el “diseño de solución” para  la  licitación,  el  cual  le  sería  remunerado  y  le  permitiría incorporarse al consorcio. Claro que finalmente el negocio se frustró, según Venturini, pues no hubo acuerdo respecto de los montos que a él  le tocarían  por  este  negocio,  y  porque  se  sintió  utilizado  como “palo blanco para blanquear dinero turbio”.
La declaración de Venturini es la siguiente: “Lo que yo quería era trabajar en el proyecto, pero de lo que realmente me di cuenta es que se trataba de otra cosa, eran platas oscuras. Danilo me explicó que yo tenía que firmar el convenio de negocio…La plata se la iban a pagar a la empresa Venturini Consultores Ltda., y luego una tercera empresa, que no sé cuál era porque Danilo no me dio el nombre, facturaría a Venturini Consultores y ahí nosotros tendríamos que devolverles la plata. Esa era la forma en que  se iba a triangular el dinero de la licitación”.  Agrega: “Danilo no me dijo cuál era el destino real de los dineros por los cuales nos facturarían, pero sí me dijo que se trataba de “pagar favores políticos y gastos que tiene uno” no indicándome de  quién”. También dijo: “La plata, asumo que iba para Guillermo Arenas porque Danilo hablaba de políticos, y el único político que yo conozco  que  estaba  metido  en  el  proyecto  era  Arenas”.  Sobre  la triangulación, explicitó: “Del total del dinero señalado en el acuerdo de negocio, la consultora nuestra se quedaría con alrededor de 300 UF al mes, y el resto Danilo o un tercero me lo facturaría a través de otra empresa y tendríamos que pagárselo…  Ellos querían un intermediario para sacar la plata y por eso me estaban usando a mí”.

Resultado: No tenemos informes respecto al avance de la investigación.

C)    Caso Director realiza mal uso de fondos de representación: La Contraloría General de la República en una Auditoría Integral realizada al Registro Civil detectó irregularidades en contratos a honorarios destinados a funciones que no son propias del Servicio y al arriendo de oficinas que presentaban diferencias en el   precio  pagado  y  el  contrato.  Además  en  el  ítem  gastos  de representación, protocolo y ceremonial detectó actividades almuerzos, cenas, obsequios y fiestas en las cuales el Servicio no pudo acreditar los gastos hechos en     estas actividades. Asimismo, detectaron otra serie de irregularices en contratos a empresas. La suma aproximada de gastos irregulares ascendía a la suma de $400.000.000 de pesos.

Resultado: La Fiscalía Norte formalizó a Guillermo Arenas (PPD) Director del Registro Civil por delito de fraude al fisco. No tenemos información respecto al devenir de dicha inv

Nuevamente agradecemos a Instituto Libertad por el material que mantienen en su página web http://www.institutolibertad.cl denominado “El itinerario de la corrupción” y sus informes especiales mensuales.

Les recuerdo que pronto subiremos la información de 2009, lo que no hemos hecho esta oportunidad dado que es muchísima información.